El monte del Gasco y la desamortización

Nuestro cronista de la historia de Torrelodones, Ricardo Roquero, continúa indagando en el pasado de esta valiosa zona del municipio

Históricamente el monte del Gasco perteneció a los propios del municipio de Torrelodones, es decir que formaba parte de los denominados como bienes del Común. Algo más de la mitad del término municipal eran de propiedad comunal. Los llamados predios comunes, como la dehesa boyal y los montes públicos municipales, daban acceso a los vecinos para obtener la tan imprescindible leña para cocina y calefacción, los pastos para las cabezas de cabras y ovejas y la caza de conejos, liebres, jabalíes y corzos con sus necesarios aportes de proteínas. Esto permitía la subsistencia de la comunidad y que en nuestro pueblo fueran muy pocos los llamados pobres de solemnidad (sobre todo viudas mayores e inválidos) cuyo sostenimiento corría a cargo de las arcas municipales.

Esto cambió con la desamortización que a efectos prácticos supuso la privatización de más de 1.200 hectáreas, es decir el 56% de la superficie del término que hasta ese momento era de titularidad pública y pasaron a manos privadas. Para colmo el pueblo no vio ni un real de compensación porque nunca se pagó nada por esa expropiación.

El procedimiento de la desamortización consistió en expropiar a las llamadas “manos muertas”, es decir la iglesia de las órdenes religiosas, la beneficencia y las propiedades comunales de los pueblos, para sacarlo todo a publicas subastas con el objetivo de incorporar esos bienes, suelo sobre todo, a la economía real y favorecer el aumento de la propiedad de una nueva burguesía que se suponía más eficaz y capaz de poner en valor el nuevo patrimonio. Pero en la práctica supuso la creación de grandes superficies que en Torrelodones no se dedicaron a la producción sino al ocio o como mucho a la caza.

La finca Monte del Gasco provenía de esas subastas de la desamortización. Ya hemos comentado que la operación pretendía poner en producción tierras baldías. A la vez se pretendía con los ingresos superar la quiebra del reino por la gran deuda emitida e impagada. Pero ya dicen que: de la teoría a los hechos… hay un gran trecho.

Para facilitar los objetivos perseguidos, además de unos paquetes baratos pero muy grandes, se accedió a que el pago se pudiese hacer con hasta 2/3 con la propia deuda que se pretendía amortizar. Como la Corona ya se había declarado en quiebra en varias ocasiones, el valor real de esa deuda en el mercado era muy bajo por lo que algunos pudieron acceder a grandes cantidades a muy bajo coste. Una vez más la información privilegiada funcionó al servicio de intereses económicos muy concretos.

Pero tampoco era necesario desembolsar en el acto el pago del paquete adquirido. La Administración daba un tiempo para depositar el pago, facilitando un tiempo precioso para que una figura aparentemente novedosa en esa época pero muy conocida después, los testaferros, pudiesen presentarse a subasta, poner a su nombre el lote adquirido y posteriormente trasladarlo a su propietario real, completo o ya dividido en varias partes con sus consiguientes beneficios. Esto posibilitó la presencia de testaferros que “marcaban” las fincas aunque no eran realmente los propietarios. El procedimiento permitió a algunos miembros del gobierno y altas instituciones adquirir propiedades significativas sin destacarse públicamente como juez y parte del proceso.

Este “peculiar” procedimiento permitió que por ejemplo, en Torrelodones terminara apareciendo el Marques de Alhucemas, anterior jefe de gobierno, como propietario de la finca Panarras, también en el monte del Gasco, que se había segregado en varias grandes fincas. Paulatinamente nobleza y burguesía madrileña irán apareciendo como propietarios de fincas como el Canto del Pico, Cantos Negros, El Enebrillo, Las Marías, Valdehurones, etc.

Hay que decir que, como en tantos otros pueblos, la desamortización no trajo ninguna compensación a las arcas municipales y supuso un enorme empobrecimiento del municipio. Con el pretexto de la puesta en el mercado de terrenos abandonados, se perdió un gran patrimonio municipal y que, pese a las promesas del gobierno, no solo no se pagaron esas tierras sino que ni siquiera se abonaron los intereses, provocando con ello un empobrecimiento brutal de los pueblos. Los vecinos dejaron de poder llevar sus rebaños a pastar porque los guardas forestales les amenazaban y castigaban. El Dr. D. Carlos Picabea se quejaba de la muy baja salud de los vecinos por la pérdida de las proteínas que daban los conejos y la caza de los desaparecidos montes públicos.