Cómo es hoy este municipio tiene mucho que ver con la evolución de la propiedad y la desamortización hace más de 150 años
Para entender la composición actual del territorio y la propiedad en Torrelodones es necesario responder a la pregunta de cuál ha sido la evolución de la propiedad del suelo desde mediados del siglo XIX en Torrelodones y entender los cambios de los usos del suelo hasta la realidad actual.
Torrelodones no ha sido siempre lo que es ahora. Las urbanizaciones actuales y el modelo de población tienen unos antecedentes y unas causas que es bueno conocer. También es positivo recuperar del olvido proyectos y actividades económicas desaparecidas, pero que llegaron a tener importancia a nivel local. Históricamente Torre ha sido mucho más que un pueblo de veraneo, segunda residencia o ciudad dormitorio. Tiene unos orígenes en un entorno muy bello, y a la vez muy pobre de producción.
Siglo XVIII: 14 mesoneros y dos tabernas
Situémonos en 1750. El rey D. Fernando VI ha ordenado a su ministro el Marqués de la Ensenada la realización de un macroestudio en el Reino de Castilla. En el apartado de Torrelodones, el Catastro de Ensenada, habla de 46 casas y una población de 260 vecinos. Relaciona mesones, pajares y bodegas. Hay censados 14 mesones y dos tabernas, la del barrio de arriba y la del barrio de abajo. Se recoge una baja producción agrícola y una alta dispersión de la propiedad del suelo. Se deduce la importancia de la actividad hostelera y, dada la pobreza del municipio, la facilidad de ocultar beneficios por parte de algunos mesoneros.
La actividad económica de Torre ha dependido siempre de su ubicación y la geomorfología que lo ha configurado. Su situación en el paso natural entre la sierra y la llanura, así como la distancia de cinco leguas (menos de 30 kilómetros) a la capital lo convirtieron durante mucho tiempo en una escala de descanso después de una jornada de viaje en carro o caballo. La construcción del Escorial y que Felipe II escogiera esta ruta hizo que desde 1560 el camino real a Guadarrama se llenara de mesones hasta llegar a escribirse que el primer vecino estable del pueblo fue un mesonero.
Economía casi de subsistencia en el siglo XIX
Avancemos hasta el año 1840. Significativamente menos de cien años después, en la documentación de Madoz, de 1840, ya solo se mencionan 40 casas y 174 almas, lo que supone una reducción del 49% del número de habitantes. Desaparecen las menciones a mesones y resto de explotaciones. Está claro un retroceso de la actividad y población local. La actividad de los mesones de la calle Real se ha reducido drásticamente, solo se menciona una bodega de titularidad municipal y se confirma que estamos ante una economía casi de subsistencia. Esta retracción económica se agudizará drásticamente en los años posteriores a la desamortización.
La titularidad de la tierra
Según los datos de Madoz, en 1855 el patrimonio público existente en Torrelodones es de unas 1.200 hectáreas, es decir que el 56% de la superficie del término era de titularidad pública, eran los predios comunes, como la dehesa boyal y los montes públicos municipales, teniendo acceso los vecinos a estos recursos para obtener la tan imprescindible leña para cocina y calefacción, los pastos para las cabezas de cabras y ovejas y la caza de conejos, liebres, jabalíes y corzos con sus necesarios aportes de proteínas.
Respecto a la presencia de foráneos decir que en 1856 solo aparecen cinco propietarios forasteros. Veinte años después, en 1877 son ya 23 hacendados foráneos como consecuencia del proceso de desamortización. Su número no dejara de aumentar en los años sucesivos. Apenas 30 años después, en 1927, ya aparecen 207 contribuyentes propietarios de fincas rústicas y urbanas.
¿Qué es la desamortización y qué importancia tuvo?
La desamortización fue el instrumento que sucesivos gobiernos liberales del siglo XIX, utilizaron para absorber y reducir la inmensa deuda pública que estaba asfixiando a la corona y a la vez tratar de poner en producción grandes superficies de terrenos baldíos. El procedimiento consistió en expropiar a las llamadas “manos muertas”, es decir la iglesia de las órdenes religiosas, la beneficencia y las propiedades comunales de los pueblos, para sacarlo todo a públicas subastas con el objetivo de incorporar esos bienes, suelo sobre todo, a la economía real y favorecer el aumento de la propiedad de una nueva burguesía que se suponía más eficaz y capaz de poner en valor el nuevo patrimonio. Son gobiernos liberales que durante bastantes años hicieron sucesivas intentonas de conseguir esos fines.
De hecho los datos señalan que el 30% de lo subastado fueron propiedades de las órdenes religiosas, un 20% de la denominada beneficencia y el 50% restante fueron las propiedades comunes de los pueblos, que fueron los que más sufrieron la experiencia.
¿Cómo se hicieron las subastas?
Un elemento a destacar es el proceso de subasta de los bienes de propios expropiados por el Estado.
Es cierto que las cifras bases por metro cuadrado de las subastas eran muy bajas, el suelo era muy barato, pero el truco estaba en que los paquetes que se formaban eran muy grandes. Eran muy baratos pero de gran extensión, el tamaño de las fincas subastadas era tal que imposibilitaba que cualquier pequeño propietario local pudiera acceder a ellos.
Las subastas tenían un claro carácter especulativo, demostrando que la corrupción administrativa y la especulación no son nuevas en nuestro país, sino que tienen profundas raíces históricas.
Especuladoras y testaferros
Para facilitar los objetivos perseguidos, además de unos paquetes baratos pero muy grandes, se accedió a que el pago se pudiese hacer con hasta 2/3 con la propia deuda que se pretendía amortizar. Como la Corona ya se había declarado en quiebra en varias ocasiones, el valor real de esa deuda en el mercado era muy bajo por lo que algunos pudieron acceder a grandes cantidades a muy bajo coste. Una vez más la información privilegiada funcionó al servicio de intereses económicos muy concretos.
Pero tampoco era necesario desembolsar en el acto el pago del paquete adquirido. La Administración daba un tiempo para depositar el pago, facilitando un tiempo precioso para que una figura aparentemente novedosa en esa época pero muy conocida después, los testaferros, pudiesen presentarse a subasta, poner a su nombre el lote adquirido y posteriormente trasladarlo a su propietario real, completo o ya dividido en varias partes con sus consiguientes beneficios. Esto posibilitó la presencia de testaferros que “marcaban” las fincas aunque no eran realmente los propietarios. El procedimiento permitió a algunos miembros del gobierno y altas instituciones adquirir propiedades significativas sin destacarse públicamente como juez y parte del proceso.
La tradición especulativa española
Un antecedente de esta tradición de algunas elites son los enormes intereses inmobiliarios detrás del traslado de la capital de España en 1601 de Madrid a Valladolid. Felipe II estableció la capital en Madrid en 1561, pero a su muerte Felipe III, escuchando a su círculo cercano y especialmente al Duque de Lerma, cambia la capital a Valladolid en 1601. Casualmente previamente, el Duque había comprado grandes solares en Valladolid por lo que rápidamente se hizo con una gran fortuna. Pero no contento procedió a repetir el esquema en Madrid, comprando de nuevo solares y edificios a bajo precio. Preparada la operación solo necesitó convencer de nuevo al rey de un nuevo cambio de la corte, que nuevamente, en 1606, fue trasladada a Madrid. La operación inmobiliaria salió perfecta y el Duque se convirtió en una de las grandes riquezas, eso sí, tuvo la precaución de hacerlo a través de un testaferro, Rodrigo Calderón de Aranda, lo que le permitió librarse de la acusación de enriquecimiento ilícito. Al pobre Rodrigo le cortaron la cabeza en la Plaza Mayor y el Sr. Duque se retiró a su palacio ducal en Lerma a disfrutar de su inmensa riqueza.
Pero el duque de Lerma no es el único caso especulador. El marqués de Salamanca siguió el ejemplo y aplicó a partir de 1831, que se crea la Bolsa de Madrid, una red de amiguismos y tráfico de influencias con operaciones altamente especulativas. Su puesto como ministro de Hacienda le facilita sus compraventas de acciones. Forma un triunvirato financiero con Muñoz, segundo esposo de la reina regente Mª Cristina, y el general Narváez. Los tres van a dirigir durante diez años la vida financiera del reino. El monopolio de la sal y el ferrocarril serán claros ejemplos de especulación con información privilegiada.
La especulación siguió funcionando en la capital, especialmente con el proyecto de Ensanche por el actual bario de Salamanca aprobado por Narváez como jefe de gobierno en 1860. Previamente el trío especulador había comprado a bajo costo grandes superficies de suelo en la zona. La operación permitió al triunvirato de próceres repartirse grandes beneficios. Lamentablemente el negocio del ferrocarril no le salió al marqués como esperaba (funcionó con pérdidas porque no había casi viajeros y se trasladaban pocas mercancías) y se arruinó.
Otro ejemplo más reciente es la modificación de Ley del Suelo aprobada por José María Aznar en 1998. La nueva ley permitía que cualquier área sin especial protección pudiera urbanizarse. En teoría esto permitiría bajar el precio del suelo. La Ley tiene similitudes con lo hecho por Lerma o Salamanca. Convierte suelo de muy bajo valor en solares revalorizados. El previsto abaratamiento no se produjo en parte por la generación del boom, nacida en torno a 1970, que dispararon la demanda y, sobre todo, por el control del suelo de las grandes promotoras. El metro cuadrado construido subió hasta un 180%, con mayor incidencia comparativa en las zonas con menos servicios. Dos casos paradigmáticos son Valdeluz, junto a la única parada el AVE en Guadalajara (el gran negocio de la familia Aguirre) y el barrio del Pocero en Seseña.
En Torrelodones, el Área Homogénea Norte ha sido también un claro ejemplo de maniobra especulativa. Sin desembolsar efectivo se firman con los pequeños propietarios del AHN unas opciones de compra supeditadas a la recalificación del terreno. A partir de ahí se inician los trámites legales para construir centenares de viviendas, oficinas y un campo de golf. Hubiera sido una perfecta maniobra especulativa. Solo la oposición vecinal y una acertada estrategia legal y social permitieron evitar que se destrozara una de las reservas mejor conservadas del patrimonio natural de Torrelodones.
Las consecuencias de la desamortización
Hay que decir que, como en tantos otros pueblos, la desamortización no trajo ninguna compensación a las arcas municipales y supuso un enorme empobrecimiento de pueblos como el nuestro. Con el pretexto de la puesta en el mercado de terrenos abandonados, se perdió un gran patrimonio municipal y que, pese a las promesas del gobierno, no solo no se pagaron esas tierras sino que ni siquiera se abonaron los intereses, provocando con ello un empobrecimiento brutal de los pueblos. Los vecinos dejaron de poder llevar sus rebaños a pastar porque los guardas forestales les amenazaban y castigaban. El Dr. Carlos Picabea se quejaba de la muy baja salud de los vecinos por la pérdida de las proteínas que daban los conejos y la caza de los desaparecidos montes públicos.
La situación antes de la desamortización
Para conocer la situación local antes de la desamortización señalar que el Catastro de Ensenada recoge 300 fanegas de dehesas de pastoreo y monte, 160 fanegas de sembradura y se mencionan otras actividades como el acarreo con carretas de leña, jara, carbón o piedra a Madrid. Es decir unos escasos recursos agrarios que configuran un pueblo pobre con una economía muy limitada.
En la época de Madoz, 1856, la riqueza ganadera era de 600 reses lanares, 220 cabras, 215 pies de colmenas, 21 mulas de labor, 17 caballos y yeguas, 18 bueyes de labor y carreta y 120 gallinas. Es decir que predominan los rebaños de ovejas y cabras, se señalan los colmenares, algunos animales de trabajo, valiosos bueyes, y un aparente reducido número de gallinas.
La pobreza municipal en 1850, antes de la desamortización local, lleva al ayuntamiento a: «permitir la saca de piedra labrada berroqueña en el sitio titulado El Gasco, perteneciente a estos propios, cobrando por cada carro de piedra el canon de cinco reales». Aquí los orígenes de la actividad de cantería de la finca del Gasco.
En el mismo año se recogen como propios de la villa (bienes municipales) un edifico con taberna y habitación del cirujano, una fragua y una fuente publica. Todo hace pensar en un pueblo pobre, de escasa actividad, con una economía muy limitada y un ayuntamiento paupérrimo, con muy escasos ingresos.
Pero este panorama se terminara de complicar cuando en 1860 se hace el censo en base a la población ambulante existente como consecuencia de la construcción del ferrocarril, 581 habitantes, que duplicaba en aquel momento la población local, pero que se toma de referencia para el catastro e impuestos de los años posteriores.
Un solo ejemplo de la situación. En 1866, el ayuntamiento solicita que se le bajen las cuotas de los impuestos sobre la venta de vino, aguardiente, aceite, jabón, vinagre tocino fresco y salado y carne que deben pagar por la imposibilidad de cubrirlas. «…tomando en consideración lo escaso de este vecindario puesto que no existe en él persona forastera desde que se terminó de construir la vía férrea del Norte, y mucho menos desde que los trabajos están parados, de tal manera que ni aun los jornaleros del pueblo encuentran donde trabajar».
A partir de 1875 el Ayuntamiento tiene que hacer frente al sostenimiento del puesto de la Guardia Civil, requerido por los nuevos propietarios. El Gobernador Provincial emite una Orden porque «ha de aumentar para la custodia de la propiedad«. Por su parte los nuevos propietarios piden que se baje su contribución porque está calculada sobre posibles rendimientos y ellos las utilizan solo para el recreo. El poder fáctico va imponiendo sus condiciones a los vecinos, como ocurría desde hacía siglos.
Mientras, el pueblo (finales del siglo XIX) cuenta con un único edificio que alberga el ayuntamiento, la cárcel y la escuela. Hay un matadero, particular y el corral de la villa junto a un único bodegón de titularidad municipal.
El cronista local, D. José de Vicente Muñoz habla de “vergonzante ruina” del ayuntamiento, que no puede afrontar las cuotas impuestas desde la Administración de Hacienda, mientras esa propia Administración no abona ni el principal, ni los intereses del pago de la venta de los bienes propios municipales expropiados por la desamortización.
Consecuencias en nuestro pueblo
Si decíamos que el patrimonio municipal antes de la desamortización ascendía a unas 1.200 hectáreas que suponían el 56% del territorio, al terminar la desamortización el patrimonio quedó reducido a 15 hectáreas en la dehesa boyal, es decir que había desaparecido el 98,8% del patrimonio anterior. En los años posteriores se ven obligados a vender incluso esa dehesa Boyal (terrenos dedicados al pasto de todos los vecinos) y hasta las eras de empavar.
De este patrimonio de comunes surgirán las fincas Berzosilla, Carboneros, Bañadero, Cantos Negros, Trofa, Enebrillo y Valdurones. Varias de estas primeras transacciones serán especulativas ya que en poco tiempo se revenden a los auténticos propietarios, apareciendo los apellidos de la nobleza y burguesía madrileña.
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